El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le trasladará la propuesta al procurador general, Eduardo Casal.
El Gobierno Nacional acelerará la investigación de posibles hechos de corrupción sobre gobernadores y diputados y senadores nacionales si es que la ley ómnibus no es aprobada o una buena parte de su articulado es rechazado.
Es por esto que el vocero, Manuel Adorni, confirmó este jueves en su habitual conferencia de prensa,que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, elevará el proyecto al procurador General Eduardo Casal.
Además, especificó que la fiscalía investigará, en las situaciones en las que se requiera, “en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados».
El ministro de Justicia sugerirá “la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados”, sostuvo en la previa a la rueda de preguntas con periodistas acreditados.
En la misma línea, Adorni especificó: “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”.
De esta forma, la Justicia pondrá la lupa en funcionarios a nivel nacional, provincial y del poder legislativo que estén involucrados en hechos de corrupción con intención de “recuperar todos los bienes que sean producto del delito”.
Una fuente de Gobierno aclaró ante la agencia Noticias Argentinas que la intención es devolver el valor de lo confiscado a la sociedad y que surgió como una “manera alternativa” para avanzar en el equilibrio fiscal si la Ley Ómnibus no resulta aprobada en el Congreso.
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